En tiempos del Comendador Conde de Rivera
Primera parte.-
A mediados del XVII, en Guadalcanal
estaban representados los estereotipos sociales propios de su época y marco
geopolítico; es decir, los de la corona de Castilla, en general, y los
particulares de la Orden de Santiago, institución a la que pertenecía.
Su vecindario, reducido casi a un 50%
respecto al de finales del XVI, estaba distribuido en los tres estamentos
propios del Antiguo Régimen: el nobiliario, el clerical y el estado general,
también conocido como el del pueblo llano o de los buenos hombres
pecheros.
El estamento nobiliario se reducía a la
oligarquía que entonces gobernaba su concejo, ennoblecida especialmente a
cuenta del dinero que los muchos indianos guadalcanalense mandaron del otro
lado del Atlántico pues, como es conocido, algunos de ellos desempeñaron
papeles importantes en el descubrimiento y conquista de América y Oceanía. En
efecto, hemos podido constatar que los descendientes de alguno de los indianos
guadalcanalenses compraron y acapararon los oficios públicos (regidurías, alferazgos, alguacilazgos,
escribanías,…) ofertados continuamente por la Corona con la finalidad de
hacer caja y aliviar su hipotecada Hacienda.
El estamento clerical era más numeroso de
lo que pudiera sospecharse, estimando que, aparte los tres párrocos (Santa María, Santa Ana y San Sebastián),
asociados a sus colaciones o distritos parroquiales se localizaban unos 50
clérigos más, distribuidos en las distintas categorías propias de la carrera
eclesiástica. Y a todos había que mantenerlos decentemente, viviendo con
comodidad a expensas de la administración de sacramentos (bautismos, casamientos y defunciones) y de las numerosas
capellanías, obras pías, memorias de misas, etc. establecidas en la villa,
muchas de ellas, las más suculentas en cuanto a beneficios para el estamento
clerical, fundadas por los referidos indianos.
También relacionado con este estamento
estaban presentes en la villa tres conventos de religiosas y dos de religiosos (casi un centenar de monjas y frailes,
aparte del personal seglar asociado). Los conventos femeninos fueron
fundados por tres indianos guadalcanalenses, quienes además dejaron a sus
monjas una importante suma de dinero para que con sus rentas pudieran
mantenerse con dignidad a lo largo de los siglos, como así fue hasta finales
del XVIII. Así, por lo que hemos podido averiguar, los conventos femeninos, y
algunos de los oligarcas locales, estaban entre las entidades de crédito y
prestamistas más importantes de la zona, siendo acreedores de la mayoría de los
arruinados concejos santiaguistas del entorno (Llerena, Azuaga, Ahillones…).
Regidores, hacendados y religiosos
representaban los dos estamentos privilegiados, sostenido por el tercero de
ellos, el más numeroso y desfavorecido estado de los buenos hombres pecheros,
con muchos deberes y pocos derechos.
En nuestra villa, también se reflejaba el
estado decadente del Imperio y de la corona de Castilla, crisis achacable a las
numerosas guerras afrontadas por la monarquía hispánica y al recurrente
incremento fiscal que se imponía para afrontarlas. En realidad, esta elevada
fiscalidad ya apareció durante el reinado de Felipe II, sin que por ello
pudiese evitar la bancarrota en su Real Hacienda. Así lo entendían en el
Consejo de Hacienda, cuando el 15 de septiembre de 1598, pocos días después de
la muerte de Felipe II, puso en conocimiento de Felipe III, su heredero, y en
el de los representantes de las ciudades de Castilla reunidos en Cortes el
lamentable e hipotecado estado del patrimonio real. Advertían “que el rey no podía reinar y mantener su
imperio de lo suyo”, es decir, de las rentas y servicios reales habituales,
sino que tendría que pedir auxilio a sus súbditos mediante contribuciones
extraordinarias. Y, “groso modo” esta
fue la directriz que presidió la política fiscal seguida por los Austria del
XVII, pues con el Imperio sucesivamente (Felipe
III, entre 1598 y 1621; Felipe IV, entre 1621 y 1665; y Carlos II, entre 1665 y
1700) heredaron:
- Guerras
y discordias acumuladas durante el XVI y XVII con la mayoría de las monarquías
europeas.
- Conflictos
internos entre los distintos reinos peninsulares (independencia de Portugal e
intento separatista catalán).
- Deudas
en la Hacienda Real acumuladas desde los tiempos del emperador Carlos I.
- Una
presión fiscal que, aparte de muy elevada, era injusta, por afectar
diferencialmente a los distintos reinos hispánicos, siendo los súbditos de la
corona de Castilla quienes pechaban con la mayor parte de la carga tributaria.
- Un
sistema de recaudación de rentas reales ordinarias y extraordinarias muy
complejo y costoso para el erario público.
- Unos
concejos arruinados e hipotecado a cuenta de la presión fiscal ascendente.
- Y,
por abreviar, que podríamos añadir otras calamidades naturales (epidemias, climatología
adversa, plagas de langostas y gorgojos, malas cosechas…) no inherente a
errores políticos, un sistema monetario anárquico y fraudulento, que
dificultaba el comercio interior y el exterior.
Pues bien, ninguno de los monarcas del
XVII encontró soluciones para los problemas heredados. Todo lo contrario, pues
a medida que avanzaba el siglo la situación se complicaba, destacando como
momentos más críticos el período de 1637 a 1647 y el de1676 a 1685. Sólo
a finales del siglo se corrigió esta inercia decadente, punto de inflexión
alcanzado precisamente durante el reinado del monarca más débil: el hechizado,
impotente y enfermizo Carlos II.
En efecto, la guerra fue algo inherentes
a la monarquía hispánica durante el XVI y el XVII, siendo difícil encontrar una
tregua que permitiera resarcirse de los consecuentes gastos. Sin embargo, el
campo de batalla solía localizarse más allá de los Pirineos, hasta que en 1637
los franceses decidieron hostigarnos en casa, invadiendo parte del País Vasco y
de Cataluña. Esta circunstancia motivó la primera gran movilización y
reclutamiento de soldados del XVII, acompañado de un incremento en la presión
fiscal. Afortunadamente, la respuesta del improvisado ejército fue eficaz, de tal
manera que en 1639 los franceses quedaron forzados a abandonar sus aspiraciones
expansionistas en la Península.
En 1637, con motivo de la citada invasión
francesa, se constituyó en Guadalcanal la primera compañía o “milicia antigua”, constituida por unos
60 ó 70 de sus más competentes vecinos, que permanentemente defendieron al rey
en Cataluña como soldados de infantería hasta 1659. Esta larga campaña, una vez
que los franceses se retiraron en 1639, fue motivada por el movimiento
secesionista catalán, iniciado en 1640 y concluido en 1659.
Aprovechando la revuelta catalana, los
portugueses iniciaron el mismo camino independentista unos meses después. Esta
inoportuna e infructuosa guerra vino a acentuar los males endémicos de
Extremadura. En efecto, Fernando Cortés (“Guerra en Extremadura: 1640-1668, en Revista de Estudios Extremeños, T. XXXVIII-I, Badajoz, 1982.”),
analizando las bajas de campaña demuestra que la mayor parte del improvisado,
bisoño e indisciplinado ejército estaba constituidos por soldados extremeños,
como también eran de origen extremeño una buena parte de los pertrechos que de
imprevisto se requería para mantenerlos. Por ello, a finales de 1639 nuevamente
fueron alistados otros 60 ó 70 soldados guadalcanalenses de infantería para
este nuevo frente bélico. En total, entendemos que durante estos largos
conflictos unos 160 soldados locales quedaron movilizados (130 infantes, más 30 de caballería) constantemente, cubriendo las
bajas y deserciones cada que estas circunstancias se producían.
Aparte lo ya referido, de estos años de
angustias y zozobra tenemos importantes noticias de nuestra villa, sin
equivalente en otros pueblos del entorno. Surgieron a cuenta de un pleito entre
los párrocos locales y las instituciones interesadas en el cobro del diezmo, de
las que reclamaban un incremento de más del 100% en sus sueldos o beneficio
curado (Archivo Diputación Provincial de
Sevilla, Sec. Hospitales, leg. 10). Como ya hemos explicado en otras
ocasiones, el diezmo era un tributo de vasallaje que los vecinos pagaban a la
Orden de Santiago y representaba el 10% de todas las producciones agropecuarias
de la villa y su término. En aquellos momentos, sus beneficios se distribuían
entre varias instituciones. Concretamente entre:
- El
comendador de la villa, que entonces lo era el conde de Rivera, a quien le
correspondía el 50% de los diezmos históricos de dicha encomienda
- El
comendador de los bastimentos de la Provincia de León de la Orden de Santiago,
que lo era entonces el duque de Fernandina, a quien le pertenecían las
primicias, es decir, el diezmo de las diez primeras fanegas, arrobas o cabezas
de ganado de las rentas agropecuarias producidas en el término de la
encomienda.
- Y el
hospital de la Sangre de la ciudad de Sevilla (hoy sede del Parlamento de
Andalucía), como poseedor de las rentas de vasallaje que habían correspondido a
la Mesa Maestral, más la otra mitad del que históricamente
correspondía a la encomienda.
Lo usual en las encomiendas santiaguistas
era que los diezmos se repartiesen entre el comendador de la misma, el de los
Bastimentos y la Mesa Maestral. Sin embargo en la de Guadalcanal, como ya hemos
explicado en otra ocasión, en 1540 Carlos V tomó la decisión de vender la mitad
de los derechos de vasallaje de la encomienda y todos los pertenecientes a la
Mesa Maestral al Hospital de la Sangre de Sevilla, una obra pía de Catalina de
Rivera y de su hijo don Fadrique Enríquez de Rivera, primer marqués de Tarifa y
comendador de Guadalcanal entre finales del XV y 1539, fecha en la que murió.
Pues bien, a resulta de las negociaciones
de la referida venta, el hospital sevillano se comprometió a pagar parte del
salario de los tres párrocos guadalcanalense. El resto, como era usual en la
Orden de Santiago, lo abonaban las otras dos instituciones interesadas en el
cobro de los diezmos: el comendador de la encomienda y el comendador de los
bastimentos de la Provincia de León de la Orden de
Santiago en nuestro caso.
Y así venía ocurriendo desde tiempos
inmemoriales. Pero en 1642, los tres párrocos
guadalcanalenses opinaban que la crisis que imperaba en Castilla les
había afectado seriamente, por lo que demandaron un incremento en sus salarios
o beneficios curados. Alegaban que la vecindad se había reducido a la mitad,
por lo que sus otros ingresos adicionales, en especial los derivados por tasas
o aranceles aplicados en la impartición de los sacramentos (bautismos, velaciones, casamientos y entierros), se habían
reducido considerablemente. Así que, ni corto ni perezoso, cada párroco a título
particular se embaucó en un largo pleito reclamando de los perceptores de los
diezmos un incremento superior al 100% de lo hasta entonces estipulado en su
beneficio curado.
La información colateral que nos
proporciona los expedientes de estos pleitos es extraordinaria, reflejando con
mucha aproximación la mentalidad de la época, el caos administrativo y
jurisdiccional que se presentaba en la institución santiaguista, así como la
realidad socioeconómica imperante.
Revista de Feria, Guadalcanal, 2015
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