En tiempos del Comendador Conde de Rivera
Segunda parte.-
El desarrollo de cada uno de los tres
pleitos fue paralelo, aunque se trataba de la misma cuestión y circunstancia.
En primer lugar, cada párroco solicitó del rey, a través de su Consejo de las
Órdenes, un incremento en su beneficio curado, para vivir con la decencia y
desahogo que correspondía a su sacro ministerio. Como respuesta, desde dicho
Consejo se despachó una Real Provisión, dando cuenta de la demanda y nombrando
un juez instructor competente que, al tratarse las cuestiones decimales como un
asunto perteneciente a la jurisdicción eclesiástica, su nombramiento recayó en
don Francisco Caballero de Yedros, vicario del convento y vicaría de Santa
María de Tudía (y Reina).
Don Francisco citó a cada uno de los
párrocos, recogió sus peticiones y argumentos, así como las declaraciones de
los testigos presentados, declaraciones que son las que realmente nos interesan
en esta ocasión. Igualmente citó al colector de cada una de las parroquias, es
decir, al clérigo encargado de cobrar las tasas y aranceles por todos los actos
litúrgicos celebrados en la misma, así como de su reparto entre la comunidad de
clérigos asociados, destacando especialmente la parte proporcional que le
correspondía a cada uno de los párrocos demandantes.
Recabada estas testificaciones, el juez
instructor citó a los comendadores (al
Guadalcanal y al de los bastimentos de la provincia santiaguista de León en
Extremadura) y, en su habitual ausencia, a sus administradores para
requerirles los libros de contabilidad de cada una de ellas y determinar así
sus beneficios. Para mayor seguridad, también cito y tomó declaración al
administrador del convento de San Marcos de León en Llerena, quien, por su
oficio y responsabilidad (le correspondía
la décima parte de los diezmos), debía conocer las cuentas de las citadas
encomiendas. Igualmente citó al administrador del Hospital de la Sangre en
Guadalcanal, tomando razón de sus beneficios en dicha villa.
Las testificaciones y probanza comenzaron
el 18 de julio de 1643, requiriendo don Francisco Caballero de Yedros la
presencia del párroco de Santa Ana, el licenciado Alonso de Morales Molina.
Después de escucharle, éste presentó a varios testigos para argumentar y
justificar la petición de aumento de salario en su beneficio curado.
El primero de ellos fue el presbítero
Francisco Rodrigo Hidalgo, vecino te Guadalcanal, clérigo asociado a la
comunidad eclesiástica de Santa Ana y colector de la misma. Tras jurar decir la
verdad, manifestó conocer al párroco de Santa Ana, añadiendo que el beneficio
curado del mismo, como era público y notorio, ascendía a 1.172 reales al año (676 que pagaba la encomienda, 272 el
hospital y 104 reales de los bastimentos), cantidad que estimaba
insuficiente para su digna manutención, dada la calidad de su oficio. Añadía
que recibía otros ingresos de ayuda de costas por bautismos, velaciones,
casamientos, entierros, memoria de misas, etc., que en total ascendían, unos
años con otros, a 700 reales, pues el resto de lo recolectado por la parroquia
pertenecía a la comunidad eclesiástica asociada misma. De todo ello, manifestaba
tener constancia cierta por ser su colector y haber revisado los libros
sacramentales y de contabilidad. Justificaba lo exiguo de la ayuda de costas (700 reales, a los que habría que sumarle
los 1.172 reales del beneficio curado, una fortuna para aquella época, con un
jornal de 2 reales diarios) explicando que en los últimos años había
descendido considerablemente la vecindad de Guadalcanal, en particular la de la
colación o distrito parroquial de Santa Ana, añadiendo que los vecinos que
quedaban eran tan pobres que apenas podían pagar los aranceles establecidos por
recibir los distintos sacramentos. Por ello, continúa testificando, debería
incrementarse el beneficio curado de la parroquia en unos 2.000 reales más,
señalando a los perceptores de los diezmos locales para dicho incremento. En
este sentido, manifestaba que el conde de Rivera cobraba anualmente de diezmo
en Guadalcanal unos 30.000 reales, “poco
más o menos”, que el hospital arrendaba sus derechos en 20.000 reales y que
el duque de la Fernandina, por sus derechos de primicias en la encomienda de
bastimento, cobraba de arrendamiento unos 2.000 reales, de lo que tenía
referencia por haber sido testigo del trato de estas instituciones con sus
arrendadores.
Presentó el párroco un segundo testigo,
que decía llamarse Gonzalo de la Fuente Remuzgo, también presbítero. Se
ratificó en lo declarado anteriormente, insistiendo en el despoblamiento de la
villa y en la crítica situación que quedaban los que aún moraban en ella.
Textualmente:
…que por la esterilidad de los tiempos
faltan de la parroquia muchos vecinos, por haberse despoblado muchas calles,
como son la calle del Castillo, la mayor parte de la calle de Juan Pérez y la
del Altozano; y los demás de la dicha parroquia tienen sus casas caydas, que no
se habitan (…) y sabe asimismo que los demás vecinos que han quedado en la
dicha parroquia son muy pobres, excepto seis u ocho casas de labradores que
tienen algo con que pasar…
Pedro
Díaz de Ortega, vecino y regidor perpetuo de la villa, fue el tercero de los
testigos presentado por el párroco de Santa Ana. Como los anteriores, dijo
conocerlo, ratificando los testimonios ya descritos e insistiendo en el
despoblamiento que la villa había experimentado durante los últimos años. A
este respecto manifestaba:
…que de la dicha parroquia han faltado
muchos vecinos en el tiempo del testigo, por faltar muchas calles, como son la
calle de Gutiérrez, la de la Atalaya con sus revueltas, la del Castillo con la
revuelta al Barrial Chico y la de las Erilla con vuelta a la Fuente de la
Cardadora, conociendo el testigo todas las calles y vueltas llena de vecindad,
sin faltar casa alguna y oy son cortinales; y también conoció la calle de
Llerena, con toda su vecindad, y que oy es cortinal sus casas; y faltan las
casas de la mitad de la calle de Juan Pérez. Y sabe que los vecinos que han
quedado en la dicha Parroquia son pocos y muy pobres y necesitados…
El cuarto de los testigos decía llamarse
Francisco Yanes Camacho, que también se ratificó en lo ya descrito. Respecto a
la situación del vecindario de la parroquia, que es el que más nos ocupa,
decía:
…que en la dicha parroquia, desde que el
testigo se acuerda, faltan más de ciento cincuenta casas y vecinos, porque
falta la calle de Gutiérrez y toda la calle del Castillo, que era muy grande y
de muchos vecinos no tiene más que seis o siete; las calles de la Erillas,
Altas y Bajas, todas ellas; en la calle de la Cestería no han quedado más que
dos casas; a la Puerta de Llerena, que era una gran calle, no han quedado
vecinos; en el Altozano hay solo dos; en la calle de las Gregorias no ay casa
alguna; y en las demás calles que hoy tienen vecinos, que son pocas, faltan
muchas gente; los vecinos que han quedado son muy pobres y pasan
necesidad; y sábelo por ser capellán de dicha Parroquia, adonde nació y se crió
toda su vida…
Escuchado al párroco de Santa Ana y sus
testigos, el vicario y juez instructor llamó a Francisco Rodríguez de Santiago,
en calidad de administrador de la encomienda de los bastimentos, quien
manifestó que los beneficios de la encomienda por las primicias de cereales
ascendía a unos doscientos ducados, unos años con otros (2.200 reales) y que últimamente cobraba algo menos porque los
labradores “se van apocado”. Y,
respecto del vino, unos doscientos reales, aunque en la última cosecha llegó a
600.
Citó
el vicario a don Rodrigo de Ayala y Sotomayor, (del hábito de Santiago, administrador de la encomienda en nombre del
conde de Rivera, ausente en Italia, prestando servicio a S. M),
preguntándole por los beneficios de la encomienda. Don Rodrigo dijo que no
podía responderle, pues en esos momentos ya no era administrador de la
encomienda, a la que había renunciado también por prestar servicio a S. M.,
concretamente como Sargento Mayor y gobernador del tercio viejo en Extremadura.
Por ello remitía a quien lo sustituyó, es decir, a Cristóbal Carranco (vecino de Guadalcanal, descendiente directo
del conquistador Ortega Valencia, que fue el que restauró el culto y devoción a
la Virgen de Guaditoca), quien tenía a su cargo todos los papeles de la
encomienda.
También solicitó el vicario la presencia
del administrador del Hospital, quien demostró que las rentas
obtenidas en los últimos tres años daban de medios unos 15.000 reales.
Requirió nuevamente el vicario la
presencia del párroco de Santa Ana, y la del presbítero Francisco Yañes
Camacho, colector de dicha parroquia, para que dieran cuentas con detalles de
la colecturía, como así lo hicieron presentando los libros de contabilidad
correspondiente a los últimos seis años, por los que demostraban el
considerable descenso del número de sacramentos administrados, debido al
descenso de vecindad citado.
Por último, para cotejar la información
obtenida, estimó oportuno el vicario requerir datos indirectos sobre los beneficios
decimales, requiriendo declaraciones de los escribanos de la villa, así como de
don Francisco de la Mancha, administrador en Llerena y su partido del real
convento de San Marcos, quien presentó seis libros de tazmías correspondiente a
los diezmos de Guadalcanal en los seis últimos años.
En
parecidos términos, y siguiendo el mismo procedimiento, se instruyeron los
procedimientos relativos a las otras dos parroquias, que nos ahorramos para
evitar repeticiones.
Revista de Feria, Guadalcanal, 2015
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