Ante
el gobernador y justicia mayor de la provincia de León, don Alonso del Castillo
Villasante, los alguaciles de dicha Gobernación Antonio Álvarez Acebedo y Pedro
de Saucedo, el 12 de noviembre de 1580 presentaron denuncia contra ciertos
comerciantes y mercaderes de Guadalcanal, en poder de los que hallaron algunas
pesas y medidas falsa e inexactas, conforme a los patrones establecidos en las
Ordenanzas Municipales.
Para Comprobar la causa objeto de la
denuncia, el gobernador envió a Guadalcanal al almotacén del Concejo de
Llerena, Lorenzo Martin, quien, tras un examen minucioso de los útiles
mencionados, a fin de proceder en razón de los delitos correspondientes,
resultó hallarse las pesas y medidas en los establecimientos de los vecinos
siguientes:
Ø Catalina García, medio cuartillo y una
medida de dos maravedíes.
Ø María Hernández, una balanza de un marco y
una vara.
Ø Tristán López, medio cuartillo.
Ø María González medio cuartillo y una medida
de dos maravedíes,
Ø Gaspar Gómez. medio cuartillo, una balanza
y dos pesas de una y media libra
Ø Juan Mateos, un cuartillo y medio
cuartillo.
Ø Juan González, medio cuartillo y dos medios
de vino.
Ø Juan de Tarifa, medio cuartillo y una
medida de dos de vino.
Ø Francisco Martín, molinero, un peso, una
libra, media libra, cuarterón y dos onzas.
Ø N Rodrigo González, una medida de dos maravedíes,
un peso de jabón, una libra, media libra, un cuarterón y otro peso.
Ø Lorenzo Martín, molinero, medio almud.
Ø Lázaro de Sancha, un peso, una libra y
media libra.
Ø Juan Sánchez, Alonso García Rebusco, Blas
García, un no, Ana Hernández, Álvaro Méndez, Alonso Rodríguez Juan Bautista,
Catalina González, Cristóbal Núñez de AIba un tal Molín, Juan González Morales
y Pedro Peña, cada uno una arroba.
Ø Gregorio Martínez, una balanza, una libra y
media libra.
Ø Francisco Mateos, de Fuente del Arco, dos
medios almudes.
En cambio, el almotacén halló
falsas las pesas y medidas de las personas que a continuación se detallan:
Ø Gregorio Rodríguez, un peso al que faltaban
cuatro adarmes
Ø Francisco Martín, medio almud, grande.
Ø Francisco García Hortelano, una balanza,
con un adarme de exceso
Ø
Sebastián
de Ribera, medio almud, grande.
Ø Cristóbal Yánez Remusgo, una arroba grande.
De todo ello dio fe el escribano
público Alonso Escudero.
Los infractores fueron notificados de los cargos y
culpas que contra ellos resultaron y se les concedió un plazo de seis días para
que apelasen lo estimasen oportuno. Renunciaron éstos al plazo de probanza que
se les otorgaba, con lo que quedó ratificada la imputación de los alguaciles
citados, y se hizo el correspondiente traslado a la autoridad judicial
competente.
Cinco
años más tarde, el gobernador de Llerena pronunció sentencia definitiva por la
que estos delincuentes fueron condenados, uno de ellos, a las penas de mil
maravedíes, ¡a la destrucción! pesas y medidas objetos de estas sanciones y a
las costas del proceso.
Transcurridos apenas unos
días, por otra acusación que los aguaciles del partido presentaron en el
Concejo de la villa, el alcalde don Lope Hernández y los regidores don Diego
González y don Cristóbal Hernández examinaron una balanza de la carnicería de
Hernando de Soto, en el mercado de abastos, la cual
Se halló falsa por exceso
Las autoridades decretaron la
intervención de dicho peso.
Mas
como los acusadores atribuyesen al Concejo el presente delito, como encargado de
suministrar y velar por la exactitud de los pesos en el establecimiento citado,
éstos pidieron que fuese condenado al Organismo responsable, conforme a las
leyes del Reino. Vista la causa en la gobernación de Llerena, se mandó dar
traslado de dicha acusación al Concejo de Guadalcanal para que probase lo que
procediese. Expirado el plazo de un día concedido para la presentación de alegatos
como las autoridades locales se abstuvieran de aportar prueba alguna, el
gobernador pronunció sentencia definitiva, el 21 de noviembre de 1585, por la
que se condenó al Concejo con la imposición de una multa de tres mil maravedíes
y gastos del proceso.
No
paró aquí la severa actuación del gobernador, pues, habiendo publicado una
requisitoria para que en un término fijado acudiesen a registrar sus pesas y
medidas a las Casas Consistoriales todas aquellas personas que poseyesen dichos
instrumentos para su uso particular, muchas no cumplieran este precepto, el
justicia mayor procedió contra ellos de modo que el desconcierto cundió en la
villa hasta el punto que el Concejo decidió llevar el caso en grado de
apelación a la Chancillería de Granada, para lo que designó como procurador a
don Juan de Silva. La Audiencia demandó a la autoridad judicial de Llerena para
que en el plazo de doce días remitiera las causas de estos procedimientos. No
exhibió el gobernador la documentación exigida y fue declarado en rebeldía, con
cuyo agravante, la Audiencia -por don Fernando Niño de Guevara, don Luis
Caso de Cepeda, don Juan de Morilla Osorio y don Gonzalo Aponte- determinó
ver y fallar en el pleito instado con aquél por el Concejo de Guadalcanal. Se celebró
el juicio el 26 de mayo de 1589, y por él fue revocada y declarada nula la
sentencia dada por el juez de Llerena, que se calificó de injusta y arbitraria,
con aditamento de restituir el importe de las penalidades impuestas a todos los
inculpados. También se falló para lo sucesivo que ningún gobernador del partido
se inmiscuyera en inspecciones de esta naturaleza, so pena de cincuenta mil maravedíes
para la Cámara Real.
Se
hizo el correspondiente traslado de esta ejecutoria al gobernador de Llerena,
que al presente lo era don Diego Álvarez Osorio, la cual como éste se hallase
ausente, fue recibida por su teniente el licenciado Ponte Maldonado.
Hemerotecas
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