Documentación sobre Guadalcanal en el archivo de la Real Chancillería de Granada

Segunda parte

Pleitos civiles.

El Concejo de Guadalcanal se revela como decidido valedor de los intereses de la villa, especialmente en lo que afecta a las rentas y bienes municipales [5]. Así en fecha tan temprana como 1529 el Ayuntamiento litigaba con Alonso de Cárdenas, Conde de la Puebla del Maestre, sobre el aprovechamiento de pastos [6]. En 1544 los capitulares guadalcanalenses se enfrentaban con los alguaciles de la Provincia de León, de la Orden de

Santiago (jurisdicción a la que como sabemos perteneció nuestra localidad hasta el siglo XIX) sobre la elevación de la cuantía de los derechos de las ejecuciones judiciales [7]. Dos años después el Ayuntamiento litigaba con Diego López de Zúñiga para que en las exenciones de impuestos de algunos vecinos de la villa no se cobrasen derechos superiores a seis maravedís [8]. En relación con este último asunto, en 1552 el Concejo iniciaba autos contra los alguaciles Alonso de Goni y Francisco de Espinosa, para que no pudieran llevar más de seis maravedís por cada sentencia que ejecutasen en la villa, lo cual iba en contra de las provisiones y sentencias a favor de la población [9]. Y algo antes, en 1548, el regidor Alonso Hernández y sus compañeros se enfrentaban con el Fiscal del Rey sobre el reparto de impuestos y cargas concejiles [10]. Ya en el siglo XVII, concretamente en 1608, los oficiales concejiles litigaban con Alonso Ramos el Rico, conocido personaje de la historia local, sobre el cobro de unos censos o tributos [11]. Cuatro años después, en 1612, Isabel Ramos de Leiva, vecina de Sevilla, pleiteaba con el Concejo de Guadalcanal a cuenta de bienes de propios [12]. En el siglo siguiente, en 1754, José Vélez Moro, alcalde de Guadalcanal, demandaba al Juez de la Provincia de León, de la Orden de Santiago, sobre el cumplimiento de la testamentaria de Ignacio Gálvez [13].

El propio desarrollo de la política municipal también destapaba fricciones. Así en 1572 se inician autos en la Chancillería a cuenta de cabildos municipales de varios años [14].

Por el contrario, otras veces eran los particulares los que demandaban al Ayuntamiento en defensa de sus intereses, especialmente en el ámbito del uso y explotación de la propiedad agraria. Para nuestro caso, podemos citar el pleito, desarrollado entre 1546 y 1552, entre Pedro Martín Freile y el Concejo de Guadalcanal sobre el aprovechamiento de una dehesa [15]. Poco después, en 1548, Francisco Batallanes, vecino de Guadalcanal, se enfrentaba con dicho concejo sobre asunto de aguas [16].

Y en 1562 Cristóbal Sánchez de Cortaza demandaba al Ayuntamiento y a los dueños de varios molinos sobre la propiedad de aguas [17]. Con igual intensidad el cobro de los impuestos se convirtió en foco de reclamaciones judiciales. De esta forma en 1532 Francisco Ramírez demandaba al Concejo de Guadalcanal sobre el cobro de alcabalas [18].

Otra fuente de conflictos fueron las relaciones entre el Concejo y el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, institución a la que en 1540 el Emperador Carlos I vendió la mitad de las rentas de la encomienda de Guadalcanal y la totalidad de las que les correspondían a la Mesa Maestral [19]. De esta forma en 1544 el hospital sevillano litigaba con el Ayuntamiento de nuestra villa a propósito de la gestión del oficio de escribano público [20]. Tres años después, ambas instituciones volvían a enfrentarse sobre la pretensión que tenía el hospital de cobrar cuatro celemines de cebada por vecino [21]. Y a fines de la centuria, en 1574, el tema objeto de conflicto volvía a ser el arancel que cobraban los escribanos públicos [22].

La citada institución de la encomienda de Guadalcanal está también presente en los autos judiciales de la Chancillería granadina. De este modo, en 1501 Don Fadrique Enríquez, comendador de la Orden de Santiago en Guadalcanal, litigaba con Alonso Ortega sobre un molino propiedad de la encomienda [23]. Cinco años después, el mismo comendador demandaba a Juan Jiménez de Lacallalengua [sic], vecino de dicha villa, por cierta renta [24].

Igualmente son numerosos los casos de conflictos entre particulares, especialmente sobre temas económicos y propiedades inmuebles. De este modo, entre 1528 y 1534 se desarrolla el litigio iniciado por Juan Jiménez y Teresa de Ortega contra Francisco López sobre la propiedad del agua de una fuente [25]. En la siguiente centuria menudean las denuncias. Así en 1604 Rodrigo Castillo Ramos, vecino de Guadalcanal, demandaba a los marqueses de Villanueva del Fresno a cuenta de los retrasos de los intereses de un censo o tributo [26]. Tres años después, el ya citado Alonso

Ramos el Rico demandaba a Jerónimo Ortega Valencia sobre el cobro de la cantidad principal e intereses de un tributo [27]. Por último, en 1782 Juan

Sánchez Romero, vecino de Guadalcanal, litigaba con Diego Sánchez Romero sobre el pago de unas casas [28].

Una institución tan típica de la época como fueron los mayorazgos aflora en estos autos judiciales. En este sentido, tenemos el pleito de 1737 de Rodrigo Guillermo Aranda Castro y Sotomayor, contra Francisco de Maeda, sobre parte de los bienes del vínculo y mayorazgo que fundaron Francisco Jiménez de Sotomayor y su mujer en 1646 [29]. Y en la misma línea, en 1764 Doña Rafaela Villalobos Ortega, marquesa viuda de la Vega, vecina de la villa de Guadalcanal, obtenía una Real Provisión en el pleito que mantenía, en representación de sus hijos, con Doña Antonia Micaela Tobalina Dávalos, vecina de Badajoz y abuela paterna de éstos, sobre el pago de alimentos correspondiente a unos mayorazgos [30].

Por último, habría que referirse a los numerosos pleitos de la sección de Hidalguía, incoados por aquellos vecinos que querían probar su condición de hidalgos para así lograr no sólo ventajas fiscales al ser eximido del cobro de impuestos, sino también el reconocimiento de su nuevo status social como miembros de la baja nobleza. El afán pleitista de los siglos de la Edad Moderna inundó el tribunal de la Chancillería de un océano documental de probanzas, reclamaciones, etc., que constituyen una fuente documental de gran valor para el estudio de la genealogía y la historia familiar. Muchos vecinos de Guadalcanal participaron de este prurito de ennoblecimiento al iniciar autos de hidalguía en el tribunal granadino. Sus nombres se pueden localizar en el catálogo de la sección específica elaborado por Pilar Núñez Alonso [31], a donde remitimos al lector interesado para no desbordar los límites de este artículo, con el que hemos pretendido, en definitiva, llamar la atención sobre las posibilidades que para la investigación de la historia de Guadalcanal ofrece este archivo granadino de tan abrumadora riqueza documental.

[5] MALDONADO FERNANDEZ, Manuel: “Gobierno del Concejo de Guadalcanal bajo la jurisdicción de la Orden de Santiago”, en Revista de Guadalcanal (2001), págs. 97 – 105.

[6] Caja 1347, pieza 6.

[7] Caja 529, pieza 2.

[8] Caja 1098, pieza 8.

[9] Caja 2470, pieza 25.

[10] Caja 1867, pieza 13.

[11] Caja 1576, pieza 12.

[12] Caja 620, pieza 9.

[13] Caja 642, pieza 10.

[14] Caja 1839, pieza 9.

[15] Caja 414, pieza 1.

[16] Caja 644, pieza 9.

[17] Caja 1603, pieza 7.

[18] Caja 1976, pieza 2.

[19] MALDONADO FERNANDEZ, Manuel: “Economía y sociedad en Guadalcanal durante el Antiguo Régimen”, en Revista de Guadalcanal (2003), págs. 37 – 38.

[20] Caja 1487, pieza 7.

[21] Caja 117, pieza 13.

[22] Caja 1515, pieza 5.

[23] Caja 548, pieza 18.

[24] Caja 5394, pieza 1.

[25] Caja 1922, pieza 10.

[26] Caja 1810, pieza 5.

[27] Caja 2080, pieza 27.

[28] Caja 1787, pieza 2.

[29] Caja 732, pieza 8.

[30] Caja 9124, pieza 10.

[31] NUÑEZ ALONSO, Pilar: Archivo de la Real Chancillería de Granada. Inventario de la Sección de Hidalguía. (2 vols.). Real Maestranza de Caballería de Granada, 1985.

Salvador Hernández González 

Revista Guadalcanal 2008